Análisis jurídico sobre la responsabilidad de plataformas digitales en casos de fraude y su relación con establecimientos hoteleros. En este artículo analizamos si Booking puede legalmente cargar al hotel el importe reembolsado a un cliente defraudado.

¿Qué ocurre cuando un cliente sufre un fraude en Booking y Booking carga el importe al hotel?
En los últimos años, el aumento de los fraudes digitales —especialmente por phishing— ha generado incertidumbre sobre quién debe asumir las pérdidas cuando un tercero suplanta a plataformas como Booking.com. En este artículo analizamos si Booking puede legalmente cargar al hotel el importe reembolsado a un cliente defraudado.

El contrato entre Booking y el alojamiento: una relación de adhesión digital 

controla el sistema de reservas y pagos, gestiona las comunicaciones con el cliente e impone sus condiciones mediante contratos de adhesión sin negociación individual. 

Este marco contractual obliga a Booking a asumir los riesgos tecnológicos derivados de su plataforma, salvo que se demuestre negligencia por parte del alojamiento, cosa que no sucede en los casos de phishing analizados.

¿Qué es el phishing y cómo afecta al hotel? 

En los casos analizados primero el cliente reserva legalmente en Booking. Segundo recibe un correo fraudulento (phishing) suplantando a Booking o al hotel, transfiere el dinero a un tercero. Cuarto Booking reembolsa al cliente por decisión propia y finalmente descuenta ese importe al hotel. Sin embargo, el hotel no intervino en el fraude, no recibió el dinero, ni actuó con negligencia.

 

¿Puede Booking exigir ese importe al hotel?

No. Desde el punto de vista jurídico no existe una cláusula válida que justifique esta repercusión. La cláusula 6.2 del contrato general no cubre fraudes externos ni establece responsabilidad objetiva sin culpa del alojamiento. Además, la cláusula 6.3.1 excluye expresamente los daños indirectos o consecuentes, como los causados por phishing.

 

Buena fe contractual y responsabilidad digital.

El art. 1258 del Código Civil impone actuar conforme a la buena fe y asumir las consecuencias contractuales según el rol de cada parte. Booking, al controlar el entorno digital, tiene el deber de proteger su plataforma y responder por sus vulnerabilidades.

 

¿Qué puede hacer el hotel?

El alojamiento puede ejercer diversas acciones legales:
• Reclamación extrajudicial a Booking por cobro indebido.
• Acción declarativa de inexistencia de deuda.
• Nulidad de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, conforme a la Ley de Condiciones Generales de Contratación (LCGC).
• Acción por enriquecimiento injusto, ya que Booking se beneficia sin causa legítima a costa del establecimiento.

 

En resumen, si el hotel ha cumplido con sus obligaciones, no procede que asuma el coste del fraude. La responsabilidad técnica y funcional del canal digital es de Booking, y no puede trasladarse sin prueba de culpa ni cobertura contractual clara.

Shirley Bonilla Pacheco. Abogada del Área de Asociados

 

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Para los arrendamientos rústicos, la legislación y la jurisprudencia han puesto más énfasis en el derecho a la indemnización que en la continuidad del contrato. La falta de una protección similar a la de la LAU para predios rústicos ha llevado a una situación en la que los arrendatarios dependen del régimen expropiatorio para salvaguardar sus derechos patrimoniales.

Los arrendamientos rústicos en España se rigen por la Ley de Arrendamientos Rústicos (LAR), que regula los contratos de terrenos destinados a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. La LAR contempla derechos específicos de los arrendatarios, como el derecho de adquisición preferente (arts. 22 a 27 LAR). Sin embargo, cuando una transmisión de la propiedad se realiza mediante una expropiación, el régimen de la LAR se subordina a la normativa especial de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF).

La jurisprudencia ha establecido que cuando se expropia un terreno rústico arrendado y su valor se incrementa debido a un cambio de calificación urbanística (por ejemplo, de rústico a urbano), el arrendatario tiene derecho a recibir una compensación que refleje este nuevo valor.

La Ley de Expropiación Forzosa (LEF) establece que la indemnización debe abarcar los derechos patrimoniales del arrendatario, incluyendo el incremento en el valor de la finca. De hecho, el artículo 54 de la LEF considera los derechos derivados de los contratos de arrendamiento como parte del patrimonio del arrendatario, lo cual incluye la participación en el justo precio cuando el cambio de calificación urbanística incrementa significativamente el valor de la finca. Por tanto, el arrendatario tiene derecho a recibir una parte proporcional de este valor actualizado.

El Tribunal Supremo, en múltiples ocasiones, ha subrayado el derecho del arrendatario a recibir una compensación justa que incluya no solo el valor de la tierra, sino también los ingresos y beneficios esperados. Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2018 (STS 3924/2018), se reafirma la obligación de una indemnización completa que contemple la pérdida de la tierra y los ingresos derivados de la explotación económica del terreno arrendado. El Tribunal Supremo establece en su fallo varios principios relevantes:

• Derecho del Arrendatario a la Indemnización Completa: La sentencia reafirma que los derechos arrendaticios constituyen un bien patrimonial protegido que debe ser adecuadamente compensado en caso de expropiación. Por tanto, la indemnización no se limita al valor del contrato de arrendamiento, sino que debe incluir el lucro cesante o la pérdida de beneficios esperados de la explotación.

• Criterio de Evaluación del Daño: El Tribunal sostiene que, en el caso de un arrendamiento rústico expropiado, la indemnización debe incluir tanto el valor de la tierra arrendada como los ingresos que el arrendatario habría obtenido durante el tiempo restante del contrato. En este sentido, se toma como base el rendimiento que la explotación agrícola había estado generando antes de la expropiación.

• Protección de los Derechos Económicos del Arrendatario: La sentencia enfatiza la importancia de garantizar una compensación justa que abarque la totalidad de los derechos económicos que el arrendatario pierde como consecuencia de la expropiación. Esto incluye no solo el valor de la posesión, sino también la pérdida de ingresos esperados y los costos asociados al cese forzoso de la actividad.

Este enfoque de la jurisprudencia se centra en proteger el valor económico de los derechos arrendaticios en casos donde el cambio de calificación genera un incremento del valor de la finca. Por ello, se ha reconocido que el arrendatario debe ser indemnizado proporcionalmente, garantizando así una protección patrimonial integral.

En situaciones donde la expropiación tiene como objeto un proyecto cuya ejecución no es inmediata, la jurisprudencia ha optado por proteger la continuidad de la explotación rústica. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha señalado que el arrendatario tiene derecho a continuar la explotación hasta el inicio efectivo de las obras expropiatorias, siempre que no exista impedimento legal o contractual. Esta interpretación busca garantizar la estabilidad económica del arrendatario y evitar perjuicios indebidos antes de la ejecución material del proyecto de interés público.

La expropiación forzosa de predios rústicos arrendados plantea desafíos particulares que deben abordarse tanto desde la perspectiva legislativa como judicial. Si bien la LEF otorga un marco indemnizatorio para proteger a los arrendatarios, la normativa no garantiza una continuidad del arrendamiento como lo hace para los predios urbanos.

El Tribunal Supremo ha intentado paliar esta situación con interpretaciones que buscan equilibrar los derechos del arrendatario y el interés público. Sin embargo, la falta de una normativa específica sobre la continuidad de arrendamientos rústicos en caso de expropiación deja un vacío legal que afecta a aquellos arrendatarios que dependen de la explotación de la tierra para su subsistencia.

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Dentro de este procedimiento, la buena fe es un principio jurídico que implica actuar con honestidad, lealtad y transparencia en las relaciones jurídicas. En el contexto de la exoneración del pasivo insatisfecho, la buena fe se refiere a la conducta del deudor durante todo el proceso concursal y en los actos previos que llevaron a la situación de insolvencia para asegurar que solo aquellos deudores que han actuado de manera correcta y ética puedan beneficiarse de la exoneración de sus deudas.

De esta manera, se requiere que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración de concurso. En este sentido, la Sentencia 863/2022 del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2022 destaca que no cualquier delito patrimonial impide la exoneración, sino que debe existir una relación directa con la insolvencia o el crédito en el mercado. Además, la sentencia aclara que los delitos de escasa relevancia patrimonial no deben impedir la exoneración. Esta interpretación finalista del requisito de buena fe busca equilibrar los intereses del deudor, los acreedores y el mercado, asegurando que solo se excluya de la exoneración a quienes realmente lo merecen por su conducta deshonesta.

Por otro lado, la buena fe también implica la colaboración del deudor durante el procedimiento concursal, proporcionando toda la información requerida y facilitando la labor del administrador concursal.

En pocas palabras, la evaluación de la buena fe del deudor es un proceso complejo que requiere un análisis detallado de su comportamiento antes y durante el procedimiento concursal pues, si se determina que no ha actuado de buena fe, se le puede denegar la exoneración del pasivo insatisfecho y seguirá siendo responsable de sus deudas. Además, la falta de buena fe puede llevar a la imposición de sanciones adicionales, como la inhabilitación para gestionar bienes ajenos o para obtener créditos.

Y, si bien cierto es que la Ley 16/2022 ha introducido cambios significativos en la carga de la prueba, estableciendo que la buena fe se presume y que corresponde a los acreedores demostrar la concurrencia de alguna de las excepciones que impiden la exoneración, dada la complejidad del proceso, es altamente recomendable consultar con un abogado especializado en Derecho Concursal.

En LANVÈRT, contamos con un equipo de expertos que pueden asesorarte y guiarte a lo largo de todo el procedimiento, asegurando que cumplas con todos los requisitos necesarios para obtener la exoneración de tus deudas. No dudes en contactarnos para recibir la ayuda que necesitas.

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En el contexto de las limitaciones impuestas a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Cataluña, ésta figura cobra especial relevancia, dado que los propietarios y gestores de estas viviendas pueden verse afectados por normativas que restrinjan el desarrollo de su actividad, lo que genera una posible vulneración de sus derechos económicos.

En Cataluña, una de las medidas más controvertidas ha sido la restricción en la concesión de nuevas licencias para VUT en determinados municipios, como Barcelona, donde se han impuesto limitaciones zonales para controlar el crecimiento desmesurado del turismo y proteger los intereses de los residentes.

Así pues, la Sentencia nº 779/2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 2 de junio de 2021, aborda un conflicto clave en Cataluña relativo a la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT). 

El Tribunal Supremo, en esta sentencia, analiza la legitimidad de las restricciones a la libertad de establecimiento de servicios impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco de la Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009. Los recurrentes alegaron que las restricciones violaban el principio de proporcionalidad, pues no se justificaban por razones imperiosas de interés general, tales como la protección del entorno urbano o el equilibrio de la vida comunitaria.

El fallo del Tribunal Supremo no da la razón completamente a los recurrentes, pero sí anula parcialmente algunas de las disposiciones del Plan Especial, por considerar que los límites establecidos en ciertos artículos eran desproporcionados. En particular, el Tribunal anula los artículos 6.2, 6.3, 7.1, 17.3 y la disposición transitoria segunda, que establecían restricciones que excedían el marco legal razonable y no se justificaban suficientemente en base a las necesidades de protección del interés general.

En particular, la sentencia abre la puerta a posibles reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración, permitiendo a los particulares afectados por el funcionamiento de los servicios públicos reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos.

Para que los propietarios de VUT afectados puedan reclamar una indemnización, deben demostrar que:

1. Han sufrido un daño efectivo, evaluable económicamente, como la pérdida de ingresos por la denegación de licencias turísticas.
2. Que no existe la obligación jurídica de soportar dicho daño, es decir, que las restricciones son desproporcionadas o no están justificadas en razón del interés general.
3. El daño es consecuencia directa de la actuación administrativa, en este caso, la aplicación del Plan Especial Urbanístico de Barcelona.

La Directiva 2006/123/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son elementos clave en el análisis de la proporcionalidad y adecuación de las medidas restrictivas. En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2018, se establecen criterios claros sobre cómo deben evaluarse las restricciones al libre acceso a actividades económicas, imponiendo un control riguroso sobre las normativas locales que limiten derechos fundamentales.

En conclusión, la Sentencia analizada contiene un fallo relevante en el marco de la regulación de las VUT en Cataluña, y establece una clara línea jurisprudencial sobre los límites que la Administración Pública puede imponer en el ejercicio de actividades económicas, siendo estos los siguientes:

• Justificación basada en razones de interés general.
• Proporcionalidad y necesidad de las medidas.
• Adecuación de las restricciones al objetivo perseguido.
• Evaluación individualizada de las zonas afectadas.
• Consideración de alternativas menos restrictivas.

En caso de excederse estos límites, los afectados podrían tener derecho a una compensación por los daños sufridos, de acuerdo con los principios de responsabilidad patrimonial de la Administración.

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Es esencial tener en cuenta la evolución jurisprudencial y doctrinal en este campo, centrándonos, principalmente, en el concepto de cláusulas sorprendentes, el cual ha cobrado relevancia en el ámbito bancario, especialmente en la litigiosidad derivada de la nulidad de ciertas condiciones contractuales. Se refiere a aquellas estipulaciones que, pese a estar formalmente aceptadas, son inesperadas o impuestas sin la debida transparencia.

En estos casos no se aplica el control de abusividad previsto para los consumidores, sino que el análisis se centra en principios generales del derecho contractual, como la buena fe, la transparencia contractual, y la libertad de pactos (art. 1255 del Código Civil).

Para profundizar en el análisis de las cláusulas sorprendentes en los no consumidores, resulta esencial examinar más jurisprudencia relevante que delimite cómo los tribunales, en especial el Tribunal Supremo, han abordado este tipo de casos.

En este campo debemos destacar la STS de 3 de junio de 2016 (RJ 2016/3146), en la cual el Tribunal Supremo analiza un contrato entre una entidad bancaria y una empresa. La empresa alegaba la inclusión de una cláusula de límite al tipo de interés (cláusula suelo) que consideraba sorprendente por no haber sido debidamente informada de su alcance. El Tribunal señaló que, aunque la cláusula no se sometía al control de abusividad, era posible declarar su nulidad si se demostraba que la entidad incumplió sus deberes de información, generando un desequilibrio contractual significativo.

Igualmente, cabe destacar la STS 1680/2020 de 29 de diciembre en la que el Tribunal Supremo analizó la comercialización de un contrato de derivados financieros (swap) a una empresa no consumidora. La empresa alegó que no fue informada de los riesgos inherentes al producto, lo que resultaba en una cláusula sorprendente, ya que desconocía las consecuencias económicas del contrato.

Por otro lado, en relación al control de incorporación, es de interés mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo Nº 168/2020, de 11 de febrero de 2020, la cual aborda el control de incorporación de las cláusulas en contratos bancarios cuando la parte que reclama no tiene la condición de consumidor, como ocurre con sociedades mercantiles o profesionales que contratan con entidades financieras.

En este mismo sentido, cabe mencionar la Sentencia 207/2022 de 15 de marzo de 2022 del Tribunal Supremo que aborda importantes cuestiones sobre el control de incorporación de cláusulas en contratos bancarios, específicamente en el contexto de la contratación entre entidades bancarias y no consumidores. La sentencia recuerda que la información debe ser adecuada para que el adherente tenga una comprensión cabal del alcance económico y jurídico del contrato.

Por tanto, se abre un debate sobre la necesidad de que las entidades bancarias cumplan de manera exhaustiva con sus obligaciones de información, incluso cuando traten con clientes no consumidores, ya que, de lo contrario, la falta de transparencia podría desvirtuar el principio de buena fe contractual.

El reto principal para nosotros como abogados, en estos casos, es la prueba, es decir, demostrar la falta de información o transparencia con la suficiente solidez como para convencer a un tribunal de que la cláusula en cuestión fue sorpresiva e inesperada, incluso para un profesional o una empresa.

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Así, es poco o nada probable que el tesorero del Ayuntamiento hubiese identificado ni siquiera remotamente el potencial resultado de un canje de este tipo. ¿Va un responsable financiero a sospechar un potencial rango de intereses de hasta un 130% como se deducen del derivado financiero y que se acumulan trimestralmente solo con que el Euribor se salga del rango?

El derivado desencadena un proceso de acumulación a partir de un determinado valor (los límites del rango), algo absolutamente singular e impropio de operaciones donde la otra parte desea controlar el coste de su deuda.

Como dice la Sent. nº 284/2021 del JPI nº 7 de Córdoba, ratificada por la Audiencia Provincial, y ya firme:  

“Sin embargo, como puede observarse, en el peor de los escenarios posibles para la actora los intereses apenas superan el 5% y si esto es así, la pregunta que nos hacemos es la siguiente ¿Cómo puede haberse llegado a un punto en el que los intereses trimestrales se sitúen en el 133,54% cuando todo es tan sencillo como indica el perito de la demandada?”

“El error sufrido por el Ayuntamiento de Córdoba en el momento de la contratación del préstamo con el derivado financiero implícito presenta un carácter esencial pues afecta a las condiciones o circunstancias del contrato y por tanto, a un elemento que motivó su celebración. Dicho error no puede imputarse al Ayuntamiento pues desarrolló una conducta diligente en la contratación de un préstamo para obtener tesorería. Fue un error inevitable, puesto que la puesta en práctica de la fórmula de obtención del interés variable estaba enmascarada y era imposible de detectar para un funcionario municipal que no tiene conocimientos financieros específicos en este tipo de productos especulativos…”

“Por último, también puede afirmarse que existe un nexo causal entre el error y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado que, como hemos dicho, no era otra que obtener financiación a largo plazo con un interés de tipo variable “razonable”, y poder cancelar el préstamo si la economía municipal lo permitía sin un coste desorbitante.”

Llegar a pagar un 133,54% de tipo de interés en el último periodo no puede sino considerarse una operación extremadamente arriesgada, carente de todo sentido en el momento en que se contrató y denota una falta total de conocimientos de los riesgos y consecuencias que esta operación podría deparar al consistorio cordobés.

Lo descrito nos lleva a concluir que un inversor racional, habiendo tenido una mínima información transparente de su entidad financiera difícilmente hubiese celebrado el contrato analizado sin más información que la contenida en el mismo.

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Sin embargo, la implementación de estas líneas de avales no estuvo exenta de controversias. Una de las principales críticas fue la exigencia de que los empresarios, además de figurar como representantes de sus compañías, debían actuar como avalistas personales solidarios. Esta condición, impuesta como un mero trámite, implicaba graves consecuencias económicas en caso de impago, ya que los empresarios se obligaban a responder con su patrimonio personal sin ser realmente conscientes del riesgo que asumían pues las entidades bancarias omitieron información precontractual crucial. Esto indujo a muchos clientes a pensar que el riesgo de la operación estaba respaldado en un 80% por el Estado, cuando en realidad debían responder con todo su patrimonio personal.

El problema se puso de manifiesto en cuanto las entidades financieras empezaron a exigir el aval personal de los administradores por el 100% de la operación en vez de por el 20%, lo que ha abierto la puerta a las reclamaciones en vía judicial.

Al respecto se han pronunciado ya varios Juzgados de Primera Instancia.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 29 de Barcelona, declaró en su Sentencia n.º 236/2023, de 2 de octubre de 2023 la nulidad relativa del aval solidario con garantía del ICO, reduciendo la responsabilidad del fiador al 20%. El fallo se basó en la creencia del empresario de que solo debía pagar el 20% del préstamo, una convicción inducida por la falta de información adecuada y clara por parte del banco.

Igualmente, la Sentencia n.º 41/2024, de 23 de febrero del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de A Estrada, aborda un caso similar de mala praxis bancaria en la concesión de un crédito ICO por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). En este caso el tribunal también determinó que, aunque los demandados habían incumplido sus obligaciones de pago, la responsabilidad de los avalistas debía limitarse al 20% de la deuda, dado que el préstamo contaba con un aval del ICO por el 80%. La sentencia subraya que la información proporcionada por el banco a los avalistas fue insuficiente y no les permitió comprender plenamente las implicaciones de su responsabilidad solidaria, siendo la entidad bancaria la que tiene que demostrar que ha proporcionado una información adecuada y suficiente sin que se pueda excusar en la intervención de un Notario en la formalización del préstamo para entender cumplida esta obligación de información.

Estas sentencias representan un precedente importante para otros perjudicados que se encuentran en situaciones similares pues, aunque aún no existe una jurisprudencia consolidada, estos pronunciamientos abren la puerta a los avalistas afectados a solicitar la nulidad de los avales o la reducción de su responsabilidad al 20% del importe concedido. Si eres uno de ellos, en Lanvèrt podemos ofrecerte el asesoramiento y la asistencia jurídica que precises para defender tus intereses.

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El artículo 367 de la LSC señala que los administradores responden personalmente por las deudas sociales cuando, por ejemplo, existiendo una causa legal de disolución, no convocan la junta general para que adopte un acuerdo de disolución o no solicitan la disolución judicial de la sociedad. Este incumplimiento genera que las deudas contraídas con posterioridad a la aparición de la causa de disolución puedan ser reclamadas directamente a los administradores.

Un ejemplo práctico de la aplicación de esta norma se encuentra en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2020. En este caso, la una sociedad no presentó sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 dentro del plazo legal, lo que generó la presunción de que la sociedad incurría en causa de disolución. Además, dicha sociedad mantenía una deuda comercial con otra sociedad, que había sido objeto de condena en un juicio anterior.

El administrador de Hacienda El Vedado, S.L.,fue demandado por no haber convocado la junta general para promover la disolución de la sociedad cuando ya existían indicios de insolvencia. La Audiencia Provincial condenó al administrador, basándose en el hecho de que no había depositado las cuentas en el Registro Mercantil, lo que implicaba, según la sentencia, la concurrencia de una causa de disolución.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia Provincial. En su fallo, aclaró que la mera falta de depósito de las cuentas anuales no implica automáticamente la responsabilidad del administrador ni genera, por sí sola, la causa de disolución.

Para que exista responsabilidad patrimonial conforme al artículo 367 LSC, es necesario que se acredite la concurrencia de una causa de disolución, como pérdidas significativas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, y que el administrador no haya actuado para remediar dicha situación.

Además, el Tribunal insistió en que debe existir una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el daño o deuda reclamada, algo que no se demostró en este caso. El Tribunal también destacó que la falta de depósito de las cuentas, aunque pueda ser indicio de una mala gestión, no constituye prueba directa de que la sociedad esté en causa de disolución. En este caso, dado que las cuentas fueron finalmente depositadas, aunque tarde, no se pudo concluir que existiera una situación de insolvencia a partir de la cual el administrador debiera haber promovido la disolución.

El Tribunal también destacó que la falta de depósito de las cuentas, aunque pueda ser indicio de una mala gestión, no constituye prueba directa de que la sociedad esté en causa de disolución. En este caso, dado que las cuentas fueron finalmente depositadas, aunque tarde, no se pudo concluir que existiera una situación de insolvencia a partir de la cual el administrador debiera haber promovido la disolución.

En conclusión, la sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto que la responsabilidad de los administradores no puede presumirse de forma automática. Es necesario acreditar la existencia de una causa de disolución y la omisión del deber de disolver la sociedad, así como probar que dicha omisión causó un perjuicio concreto a los acreedores.

En Lanvèrt te asesoramos para proteger tu gestión y evitar reclamaciones.

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En este primer encuentro nos han acompañado Cintia Busto, Delegada de Juventud Córdoba
del Ayuntamiento de Córdoba, Felix Almagro Presidente de Aje Córdoba, Francisco Cívico,
CEO de Civicar, José Manuel Jiménez, CEO de Ingedeca Constructora, Cristobal Cano, CEO de
Studio 128K y Victoria Montero, CEO de la firma Oui Petite.

Gracias a todos por vuestra asistencia y apoyarnos con este proyecto que con tanta ilusión
estamos llevando a cabo.

La entrada Encuentro Panorama Lanvèrt: Empresarios jóvenes se publicó primero en Lanvèrt.

Juntos, buscamos visibilidad y fortaleza a través de colaboraciones. Aportaremos nuestro
talento y seguiremos trabajando por nuestra ciudad.

La entrada Asociados a Cordubatech se publicó primero en Lanvèrt.

Inauguramos nuestras nuevas instalaciones y lo hicimos muy bien acompañados de amigos y
compañeros de profesión con los que disfrutamos ese pequeño ratito y a los que queremos
agradecer su apoyo y tiempo.

Supone un paso muy importante de poder mostrar nuestros valores, nuestra apuesta por la
innovación siendo una firma multidisciplinar, el compromiso por la calidad y nuestro
enfoque centrado en el cliente.

Y todo esto lo conseguimos gracias a todo el equipo Lanvèrt, donde todos son pieza clave
para poder cumplir nuestros sueños y objetivos. Muchísimas gracias a todos.

La entrada Inauguración de nuestra sede en Córdoba se publicó primero en Lanvèrt.

Estuvimos muy bien acompañados de Juajo Cuevas y Luís Fernando León con los que
pudimos debatir y profundizar sobre eCommerce, marketing digital, textos legales
necesarios para cualquier página web, etc…

Además, también compartieron espacio con nosotros dos colaboradoras del programa
Helvia Martínez de Medizen Córdoba y Victoria Vari de Waricreative.

Esperamos repetir muy pronto.

La entrada Participación en Radio Marca para hablar sobre derecho digital se publicó primero en Lanvèrt.

Esta charla, destinada también a contestar las dudas de los asistentes, no ha acogido solo a
administradores de fincas, sino que también estaba abierta a propietarios y promotores y a
todo aquel que quiera informarse sobre el entramado que se presenta tras la nulidad del
plan declarada por el TSJA.

Gracias a Mercedes Romero, Presidenta del Colegio por compartir este tiempo con nosotros.

La entrada Charla recogida neumática de residuos sólidos en Colegio Administradores de Fincas de Córdoba se publicó primero en Lanvèrt.

Una conferencia con título “Obligaciones de los alojamientos de hospedaje con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado” en el que pudimos conocer en qué consiste el decreto que deben cumplir los propietarios y gestores de viviendas turísticas de firmar un parte sobre quiénes son los turistas que alojan en sus casas.

Este decreto entró en vigor el mes de enero de 2023 pero no fue obligatorio hasta el mes de
junio.

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